Provinciales
Viernes, 13 de julio de 2018
El caso de "Tato" Romero Feris llega a medios nacionales y crece la polémica
Casi 20 años después la verdad de los hechos comienza a asomar a la luz pública y refuerzan el reclamo que desde entonces viene sostenien­do -en todos los fueros a su alcance- el ex gober­nador de Corrientes y dos veces intendente de la Capital, Raúl Rolando “Tato” Romero Feris.

“Soy un perseguido, utilizaron la Justicia para ence­rrarme y así impedir que siga actuando en po­lítica. Armaron un montón de causas, pusieron jueces especiales y me condenaron sin darme oportunidad de ejercer la defensa como corres­ponde”, lo dijo desde el principio y lo repitió el 3 de julio pasado cuando presentó, con su cuerpo de abogados, el pronunciamiento terminante, a su favor, de la Comisión Interamericana de De­rechos Humanos.

Ahora ya no es Tato Romero Feris el que lo dice, sino un tribunal internacional de la Or­ganización de Estados Americanos (OEA), que sostiene que el ex mandatario fue sometido a un proceso judicial arbitrario e ilegal y mandó a que lo liberen y lo indemnicen.
La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene tal peso que los medios nacionales han comenzado a ocuparse del caso, hace una semana fue el diario La Na­ción el que reflejó los aspectos medulares del in­forme de fondo de la Comisión Interamericana. Ayer lo hizo el diario digital Infoabe.

Con el título: “El Estado argentino deberá responder ante la Corte Interamericana por la detención arbitraria de Romero Feris en 1999”, el medio de mayor predicamento informativo en la web, reseña la génesis de la persecución al ex gobernador, quien “denunció que es víctima de una persecución política de la Justicia penal correntina”.
El artículo -firmado por Fabio Ferrer- resalta que “el caso fue presentado a la Corte por la Co­misión Interamericana de Derechos Humanos porque consideró que la Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el In­forme de Fondo hechas por el organismo”. Es decir, no se dispuso la libertad de Romero Fe­ris y tampoco se resolvieron otras cuestiones relacionadas con sus causas. Por eso, dice el periodista, “el proceso (contra el Estado argen­tino) incluirá denuncias por las vulneraciones al debido proceso en las causas penales que se le siguieron al ex mandatario correntino”.
Infobae reproduce íntegramente el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana y, a su vez, en el artículo se ocupa de ventilar el inicio del proceso judicial contra Romero Feris, capí­tulo en el que tuvo un rol protagónico Mario José Payes, quien se convirtió en juez mediante un mecanismo espurio.

El diario Infobae cita el pro­nunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo relata de la si­guiente manera:
Romero Feris estuvo detenido en prisión preventiva entre el 3 agosto de 1999 y el 11 de sep­tiembre de 2002, es decir, du­rante tres años, un mes y ocho días. La ley vigente -conforme a lo establecido por los pactos internacionales en la materia suscriptos por nuestro país- es­tablece que la prisión no puede exceder los dos años salvo de­terminadas excepciones, en las cuales se puede prorrogar por un año más.

El derrotero de Romero Feris por los tribuna­les comenzó en 1999 como consecuencia de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Judi­ciales de Corrientes, que lo acusó de supuestos malos manejos en su gestión como intendente de la capital provincial. A partir de esa presenta­ción se abrieron más de cincuenta causas pena­les contra el ex intendente y ex gobernador. En forma llamativa, todas terminaron tramitando en el mismo juzgado bajo la alegación de que se trataba de expedientes conexos. Se trata del Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo en ese mo­mento de Mario Payes.

En un planteo de nulidad, la defensa de Ro­mero Feris indicó que ese magistrado ocupó el noveno lugar en la tabla de puntuaciones del concurso para el cargo y fue designado juez pese a que existían ocho personas con puntajes más altos que él. Agregaron también los abogados de Romero Feris que antes de ser nombrado magis­trado, Payes era asesor del ministro secretario general de la Gobernación. Fue propuesto por el entonces senador Hugo Perié, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Provincial tras la des­titución de Pedro Braillard Poccard. Este mismo senador -Perié- que propuso a Payes como juez, es el que da el voto decisivo para el acuerdo que exige la Constitución de Co­rrientes.

Tanto la Asociación de Ma­gistrados como el Colegio de Abogados se habían pronuncia­do en contra de la designación de Payes como juez. Aun así fue nombrado y fue el magistrado que intervino en todas las cau­sas que se sustanciaron contra Romero Feris. Los defensores del ex mandatario correntino denunciaron el hecho como una maniobra para crear un tribunal especial encubierto y el primer paso de una persecución políti­ca a través de la vía penal.

La defensa del ex gobernador correntino de­nunció también a la Cámara en lo Criminal Nº 2 y al Tribunal Superior de Justicia porque re­chazaron los numerosos recursos que interpu­sieron.

Tras analizar el caso, la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos concluyó que el Es­tado argentino es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Raúl Romero Feris. En virtud de esas conclusio­nes realizó un informe con recomendaciones que la Argentina no cumplió, por lo que pre­sentó el caso a la Corte Interamericana de De­rechos Humanos, que ahora deberá resolver la cuestión.s

Fabio Ferrer
Periodista de Infobae.


 
 
 
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