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Nacionales | Martes, 21 de mayo de 2019 |
Primer juicio contra CFK: cuáles son las supuestas irregularidades en las obras y cómo se defiende la ex presidenta El Tribunal Oral Federal 2 llevará adelante, desde las 12, el juicio oral y público sobre presuntas irregularidades detectadas en obras públicas viales adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. La denuncia fue presentada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo en ese entonces de Javier Iguacel. La investigación en la etapa de instrucción la hicieron el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita con el fiscal Ignacio Mahiques, que ingresó al expediente como coadyuvante de Pollicita y fue designado especialmente por el Gobierno.
Además, a la causa se sumaron como querellantes dos organismos del gobierno de Macri: la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, y la Unidad de Información Financiera, cuyo titular es Mariano Federici.
La ex presidenta está acusada de ser la jefa de una presunta asociación ilícita destinada a cometer delitos “para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
Entre los trece imputados, además de Cristina, están el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo de Néstor Carlos Santiago Kirchner; el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; y los ex miembros de Vialidad Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez.
Para los acusadores, en las 51 obras se habrían detectado presuntas irregularidades. Entre ellas, el incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas; la finalización de tan solo dos de las 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez en el tiempo previsto en el contrato; la realización de solo una obra por el monto pactado en el contrato original; las sucesivas redeterminaciones de precios; y la falta de capacidad técnica para realizar las obras adjudicadas.
En defensa de Cristina Kirchner, su abogado Carlos Beraldi argumenta que el expediente de “Obra Pública” es un caso de “gravedad institucional”, en el que se pretende llevar a cabo nada menos que un juicio contra la ex presidenta “sin las pruebas más elementales que permitan definir la verdad de los hechos”.
De acuerdo con Beraldi, todas las medidas de prueba que fueron pedidas durante la instrucción fueron rechazadas sin fundamentos y el único informe que está en la causa, aportado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, desmiente la acusación, descartando la existencia de deficiencias constructivas en las obras denunciadas. Asimismo, plantea que el Tribunal Oral Federal 2 sólo admitió el 20%, aproximadamente, de las medidas de prueba que propuso.
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