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Provinciales | Miércoles, 30 de diciembre de 2020 |
Cómo fue la intervención de los correntinos en el debate En una maratónica sesión, dos senadores correntinos expusieron posturas muy diferentes. Qué dijeron y cómo votaron. Esta madrugada el Senado de la Nación convirtió en ley la legalización del aborto en una sesión especial. También se sancionó el Plan de los 1.000 días de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia para acompañar a quienes quieran continuar con su maternidad.
Con una votación transversal, ambas iniciativas lograron apoyo de sectores del oficialismo como de la oposición. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo se sancionó con 38 votos a favor, 29 negativos y una abstención, tras una maratónica sesión, cuyo debate inició pasadas las 16 y finalizó esta madrugada.
Los tres senadores correntinos plantearon posturas divididas. Por un lado, la peronista Ana Almirón respaldó la iniciativa. Por otro, el justicialista Carlos Mauricio "Camau" Espínola y Pedro Braillard Poccard (ECO+Juntos por el Cambio) votaron en contra.
"Corrientes, que es provida, no tiene protocolo de ILE propio. No adhirió al nacional y ni siquiera estableció uno propio. Conocimos, en septiembre de este año, el caso de una niña de 10 años que fue violada por su padrastro. Una niña de Monte Caseros violada a los 10 años y que fue madre a los 11 años. Insisto: madre a los 11 años", expresó la senadora.
"En mi provincia tampoco –qué paradoja– tenemos ley de voto joven. O sea, los adolescentes de 16 años no están capacitados para elegir a sus gobernantes, pero sí pueden ser madres a los 11 años. Esa es la realidad de mi provincia provida", añadió. "A esa niña la despojaron de su infancia y la obligaron a gestar un embarazo. El médico que la atendió en su localidad sí le habló de las consecuencias de abortar. Pero no le habló de las consecuencias de llevar adelante un embarazo en un cuerpo que apenas se estaba desarrollando. Además, presidenta, el caso se hizo noticia porque hasta le festejaron un baby shower. A una niña que fue violada le festejaron el baby shower", sostuvo.
"En Corrientes, durante 2017 –son los últimos datos actuales que tenemos–, de casi 20.000 nacidos vivos, 123 son de niñas de 10 a 14 años; 3.518 son de chicas de 15 a 19 años. Es decir, un 18 por ciento de los nacidos vivos en mi provincia son de menores de 19 años", indicó.
"Obligar a una mujer a gestar, a una persona gestante a llevar a término un embarazo, es una violación de los derechos humanos. El sistema de salud debe velar por la salud de esas niñas y adolescentes, y se debe dejar de lado el viejo paradigma que las revictimiza llevándolas a una maternidad forzada. Para ser madre, necesitamos que se lo sienta, que se lo nombre. Puede haber sido planificado o no", manifestó en el recinto.
Luego fue el turno del exgobernador. "No vengo aquí a querer imponer a nadie mis convicciones religiosas, éticas o morales. Soy profundamente respetuoso de lo que cada uno piensa y siente; y, en ese sentido, pido que también se respete lo que yo siento", dijo el legislador por el Partido Popular.
"Desde la concepción, pasando por el nacimiento y hasta la muerte natural, es un mismo individuo el que se desarrolla. Los cromosomas que se pueden estudiar en el embrión o en el feto, antes de nacer, son idénticos a los de esa misma persona en etapa de niño o adulto. Tan es así que, estudiando pocas células, se puede comprobar la filiación de un bebé en un juicio de paternidad o certificar que un niño recién nacido o perdido es tal o cual adolescente o adulto encontrado. El embrión o feto no es parte del cuerpo que lo alberga: es otro cuerpo. Desde el punto de vista científico no cabe duda de que el embrión es un ser humano, con un código genético propio, único e irrepetible que se autodesarrolla", expresó en su discurso.
l legislador, a su vez, señaló que no "está cientificamente" comprobado que "existe un plazo para decir que ese ser en gestación empieza a ser persona". Y señaló que mantiene "convicciones muy profundas" por lo cual argumentó su voto por el rechazo.
Por otra parte, cuestionó el artículo que modificará el Código Penal, una incorporación del 85 bis sobre la prisión a profesionales que dilaten la interrupción. "La estructura pública, en mi provincia, es mayoritaria y es muy minoritaria la estructura privada. ¿Qué pasa cuando, en ese único lugar, el profesional o los profesionales que existen hacen objeción de consciencia? Ese tema va a implicar una enorme complicación para derivar a esa paciente a otra institución de salud porque, en esa otra institución –posiblemente, la más cercana–, posiblemente, tendrá el mismo inconveniente. De hecho, esto pueda ser tomado como una dilación y, por lo tanto, ese profesional ser procesado y, eventualmente, condenado", señaló Braillard Poccard.
"Camau" Espínola no pidió la palabra.
Fuente: República de Corrientes
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