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Internacionales | Viernes, 26 de marzo de 2021 |
Duro informe de Human Rights Watch: Formosa adopta medidas abusivas en su respuesta al Covid-19 El gobierno de la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19, señalaron Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica.
Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias. Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”.
Entre enero y marzo 2021, Human Rights Watch entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo. Esta publicación también está basada en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según los primeros protocolos provinciales, quienes llegaban a Formosa, con independencia de si habían estado expuestos al Covid-19, y quienes tuvieron contacto estrecho con personas con resultado positivo, eran enviados a centros de cuarentena, conocidos como “centros de alojamiento preventivos”. Los centros de aislamiento, llamados “centros de atención sanitaria”, se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos. Las personas confinadas en estos centros no pueden salir, están en general bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones.
Las autoridades de Formosa a menudo han incumplido sus propios protocolos. Si bien las condiciones en los centros de aislamiento y cuarentena varían, la mayoría de los entrevistados describieron estos lugares como insalubres y hacinados. En algunos centros de cuarentena, las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo. Asimismo, mezclaron personas con resultados de test positivos con otras cuyo resultado era negativo o que aún esperaban sus resultados. El gobierno de Formosa sostiene que hay personal médico y de enfermería asignado en forma permanente a centros de aislamiento y cuarentena, pero varios entrevistados afirmaron que tuvieron acceso limitado a atención médica oportuna y adecuada.
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