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Provinciales | Viernes, 13 de abril de 2018 |
Chaco: La jueza Niremperger pedirá el desafuero de Aída Ayala para poder detenerla En el marco de la investigación de la Megacausa II por lavado de activos que involucra a funcionarios chaqueños, la jueza federal Zunilda Niremperger aceptó el pedido del fiscal federal Patricio Sabadini y hoy pedirá el desafuero de la ex intendente de Resistencia y actual diputada nacional, Aída Ayala para avanzar con la detención. El fiscal Patricio Sabadini, pidió el desafuero con eventuales fines de detención de la diputada nacional de Cambiemos y ex intendenta de Resistencia, Aida Ayala, por un supuesto negociado con los contratos de la recolección de residuos en la capital chaqueña. El representante del Ministerio Público, Patricio Sabadini sostuvo que Ayala integró "un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.
Contó para ello con la colaboración, según la imputación, del empleado municipal y dirigente sindical, Jacinto Sampayo, quien terminó siendo parte del negociado, perpetrado a través de la firma PIMP S.A., una suerte de muñeca mamushka, cuya disección conducía a la jefa comunal y su aliado gremial.
PIMP tenía un único cliente: la Municipalidad de Resistencia. Se conformó apenas días antes del llamado a licitación que terminó ganando pese a su nulo palmarés para ello. En su estructura societaria figuraban “nombres interpuestos”, es decir prestanombres o testaferros que disimulaban a los verdaderos propietarios. Y se aseguraron ingresos que excedían largamente la gestión.
¿Qué fue PIMP S.A?
Según el fiscal, “se constituyó el 30 de julio del año 2013, obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 07 de marzo del año 2014, esto es, siete días antes de la fecha prevista para el cierre de la presentación de ofertas y apertura para contratar, en locación, equipos para ser afectados al servicio de recolección de residuos producida el 14 de marzo del año 2014”. Y desde entonces contrató con la municipalidad, que estaba a cargo de la hoy diputada de Cambiemos, quien según el fiscal era una de las socias ocultas de la firma.
Como cáscaras de cebolla, la composición accionaria fue cambiando con el transcurrir del tiempo y así, “aparecen de un modo un poco más claro alguno de los nombres que desde un primer momento contaban con el verdadero dominio de PIMP SA, muy ligados a la Ingeniera Aida Ayala, al dirigente Jacinto Sampayo y al empresario Pedro Alberto Martínez”, los otros dos involucrados en la supuesta maniobra.
Ayala no podía aparecer, en virtud de “los impedimentos para ser oferentes entre los que incluía a los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal”. También estuvo disimulado Daniel Alejandro Fischer, “hombre de confianza de Aida Ayala se desempeñó como su jefe de campaña, fue y sigue siendo su persona de confianza tanto en lo comercial, en lo político como en lo familiar al haber sido pareja de la hija o hijastra de la ex intendenta y por ello la necesidad de ocultarlo durante el proceso de licitación”.
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