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Nacionales | Viernes, 27 de abril de 2018 |
Aída Ayala apuesta a una apelación en Resistencia para no ir presa "Pusimos la vara alta, no podemos salvarla", repiten una y otra vez los diputados de Cambiemos para justificar que no tendrían más opción que aprobar el desafuero de su par radical Aída Ayala y enviarla a prisión. Así lo solicitó la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, haciendo lugar a un pedido del fiscal Patricio Sabadini, que la acusó por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña.
El desafuero empezará a tratarse el miércoles por la mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el macrista Pablo Tonelli, que la semana pasada sugirió que podrían salvar a su compañera si no acceden a las pruebas del expediente.
Pero en Cambiemos ya pusieron un límite. Le permitirán a Ayala defenderse en la Comisión, pedirán una copia del expediente y se tomarán 60 días para evaluarlo.
Este tiempo valdrá oro para la ex secretaria de Asuntos Municipales de Macri: si consigue que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revierta el fallo el desafuero y la detención pierden validez.
Si no ocurre, su destino es la cárcel, porque en el Gobierno, por ahora, no tienen previsto ordenar a sus diputados salvarla en el recinto y regalar a la crítica fácil por no haber actuado igual que con Julio De Vido.
El ex ministro está preso desde el 26 de noviembre cuando la Cámara de Diputados reunió dos tercios y aceptó el pedido de desafuero del juez federal Claudio Bonadio, que lo responsabiliza de sobreprecios en la compra de 500 barcos de gas licuado por $ 15.000 millones.
Había salvado su pellejo en julio, cuando ante el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli una parte de los diputados del peronismo dialoguista lo protegió y prometió sumarse cuando se pronuncie un juez.
Tres meses después cumplió y repetiría la conducta si tiene que definir el futuro de Ayala, responsable, según la justicia chaqueña, de liderar una asociación ilícita para lavar dinero cuando fue intendenta de Resistencia, entre 2011 y 2015.
Uno de los testimonios claves fue el de su sucesor, Jorge Capitanich, que ayer aportó documentación sobre el contrato con la empresa de recolección de residuos Pimp S.A.
"Hubo reducción en los costos en la recolección de basura, se aumentaron los camiones de recolección, se modificó los recorridos, se amplió la cobertura, se incorporó el sistema de control por GPS y se sumaron uniformes. Hemos demostrado que tenemos mejor administración e hicimos en la renovación los pasos que consideramos que era lo mejor los habitantes, en el marco de lo legal", precisó Capitanich al salir.
Ayala asegura que el polémico contrato se mantiene vigente pero no puede acceder a la información porque el ex jefe de Gabinete la protege bajo llaves y espera que la Cámara se apiade de ella.
En la Casa Rosada, por ahora, no mueves fichas por quien ocupó ese edificio hasta diciembre. Patricia Bullrich ya tiene el pedido del juez para enviar un patrullero a la Cámara de Diputados si llegara a tratar su desafuero. No pasará en los próximos dos meses. Después, tal vez sí.
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